Teodoro Espejo Barradas: Un recorrido por la corrupción

En 2008, la Pasteurizadora Maulec S.A. de C.V. y su director comercial, el contador público Teodoro Espejo Barradas, se vieron envueltos en un escándalo dentro de la industria láctea debido a acciones fraudulentas realizadas por Espejo Barradas mediante una supuesta venta a crédito de lácteos a la empresa “Lácteos del Sureste”. Durante el acuerdo, el representante legal de Lácteos del Sureste informó a Teodoro Espejo Barradas sobre la mala calidad del producto de Maulec, por lo que no estaban dispuestos a pagar una deuda pendiente de más de 8 millones de pesos. Ante esto, Espejo Barradas decidió no informar a Maulec y «continuar» con la venta a crédito a Lácteos del Sureste, pero en realidad los productos nunca llegaron a su destino y fueron desviados a otra empresa, Mexicana de Industrias y Marcas S.A. de C.V. (MIYM), donde el accionista mayoritario resultó ser Teodoro Espejo Barradas.

Las acciones realizadas por Espejo Barradas lo llevaron a un enfrentamiento con la Procuraduría General de Justicia y finalmente ingresó como posible responsable del delito de fraude genérico al Centro de Readaptación Social de San Miguel. Posteriormente, salió en libertad y se reincorporó al negocio de lácteos con MIYM. En 2016, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró en Huejotzingo una planta de Mexicana de Industrias y Marcas, resultado de una inversión de 300 millones de pesos para envasar productos lácteos. La planta, con 30 mil metros cuadrados, tiene una capacidad de producción de 300 millones de litros de leche al año y genera 300 empleos directos. 

A pesar de su éxito a nivel nacional, Teodoro Espejo Barradas vuelve a estar bajo escrutinio por irregularidades en un acuerdo firmado a finales de 2022 entre MIYM y la dirección comercial de Diconsa, parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). El contrato estipulaba el suministro de “crema media delite” y “producto lácteo combinado ultra pasteurizado delite” al Programa de Abasto Rural, que abarca más de 25 mil puntos de venta en todo el país, en un plazo de 10 días, lo cual es prácticamente imposible. SEGALMEX se adjudicó 10 mil millones de pesos con este convenio, una acción que presenta anomalías contrarias a los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por ello sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la República.